En el debate sobre acceso al crédito, la tasa de interés suele ocupar un lugar central. La lógica es aparentemente sencilla: si el crédito es más barato, más personas y empresas podrán acceder a él. En Bolivia, esta visión ha influido de manera directa en el diseño del marco regulatorio financiero, particularmente desde la promulgación de la Ley 393 de Servicios Financieros y su reglamentación posterior. Sin embargo, tanto la evidencia como la experiencia local sugieren que la relación entre tasa de interés y acceso al crédito no es necesariamente directa y resulta ser más compleja de lo que suele asumirse. En ese sentido, la pregunta relevante no es si la tasa de interés influye, sino si es la variable más efectiva cuando el objetivo es ampliar el acceso al crédito de manera sostenible, sin generar efectos adversos sobre la intermediación financiera ni desplazar la exclusión hacia otros segmentos del sistema.
Tomando como punto de partida la teoría económica, la efectividad de una intervención basada en precios depende de la elasticidad de la demanda. Si la demanda de crédito fuera altamente sensible a la tasa de interés, reducciones en el precio del crédito debieran traducirse en incrementos significativos del volumen de cartera originada. No obstante, la evidencia muestra que, en segmentos como el de los pequeños emprendedores y productores, por ejemplo, la demanda de crédito suele ser relativamente inelástica al precio (Karlan & Zinman, 2010a; Dehejia, Montgomery & Morduch, 2012)[1].
En este contexto, el crédito cumple principalmente funciones de liquidez, continuidad operativa y manejo de shocks, más que de decisiones de inversión marginal sensibles a variaciones moderadas en la tasa. Factores como la urgencia de la necesidad, la estabilidad del flujo de ingresos, la confianza en la institución y la disponibilidad de alternativas pesan más que el costo financiero en la decisión de endeudamiento.
Este patrón resulta especialmente relevante para Bolivia. De acuerdo con datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero boliviano, ASFI (2023, 2024), una parte significativa del crédito otorgado a unidades productivas de menor tamaño se destina a capital de trabajo y ciclos productivos cortos. En este contexto, reducir la tasa de interés no necesariamente elimina las restricciones de acceso si persisten barreras estructurales más profundas.
Barreras al acceso al crédito. Más allá del precio.
La literatura sobre inclusión financiera expone de forma consistente que las principales barreras al acceso al crédito no son exclusivamente de precio. Requisitos de garantías, informalidad en los ingresos, falta de historial crediticio, costos de transacción y diseño de productos poco adaptados suelen ser más determinantes que la tasa nominal aplicada (Beck & Demirgüç-Kunt, 2006; World Bank, 2014).
En Bolivia, estas barreras se ven reforzadas por niveles estructuralmente altos de informalidad. En un estudio publicado por UDAPE (2022), se expone que una proporción importante de unidades productivas opera en el ámbito de la informalidad, aspecto que limita su capacidad de cumplir con los requisitos tradicionales del sistema financiero. Para estos actores, el problema no es necesariamente cuánto cuesta el crédito, sino si pueden o no acceder a él en condiciones compatibles con su realidad productiva, operativa y jurídica.
Por otro lado, desde la perspectiva de las entidades financieras, la tasa de interés no es únicamente un precio, sino una herramienta de gestión del riesgo. Cuando esta variable se restringe sin intervenir sobre los determinantes subyacentes del riesgo crediticio, las instituciones tienden a ajustar por otras vías: reducción de montos y plazos, mayores exigencias de elegibilidad o concentración en segmentos menos riesgosos (Cull, Demirgüç-Kunt & Morduch, 2018).
La experiencia muestra que los controles de tasas pueden terminar excluyendo precisamente a los segmentos que se busca proteger, sin reducir necesariamente el costo efectivo del crédito para quienes logran tener acceso (Maimbo & Gallegos, 2014). En Bolivia, donde el sistema microfinanciero cumple un rol central en el financiamiento productivo, este efecto es particularmente relevante y merece una evaluación cuidadosa.
Otro elemento frecuentemente subestimado en el debate sobre acceso al crédito es la existencia de mercados informales de financiamiento. Cuando el crédito formal resulta inaccesible o insuficiente, los hogares y pequeños emprendedores no dejan de demandar financiamiento, sino que recurren a prestamistas informales, familiares o financiadores no regulados, generalmente a costos significativamente más altos (Collins et al., 2009; Banerjee & Duflo, 2011).
En Bolivia, particularmente, este fenómeno existe y no sólo es ampliamente reconocido, sino que también es ampliamente utilizado. Prestamistas informales ofrecen liquidez inmediata, rapidez y ausencia de requisitos formales, ventajas que suelen venir acompañadas de tasas elevadas, esquemas de repago rígidos y mayores riesgos de sobreendeudamiento. En términos de políticas, las restricciones a la oferta de crédito formal que dejan intactos los determinantes reales del riesgo de un cliente o sector tienden a expandir estos mercados informales, trasladando el costo del ajuste hacia los segmentos más vulnerables (Maimbo & Gallegos, 2014). Dicho de otra manera, controlar el precio del crédito sin reducir el riesgo subyacente no elimina la exclusión, sino que la redistribuye.
¿Qué variables merecen mayor atención?
Si el objetivo es facilitar el acceso al crédito de manera efectiva, la evidencia sugiere que existen variables potencialmente más relevantes, y menos distorsivas, en todo caso, que el control directo de la tasa de interés. Entre ellas, destacan el fortalecimiento de los sistemas de información crediticia, el diseño de esquemas de garantías adaptados a activos no tradicionales, la reducción de costos operativos mediante innovación de procesos y el desarrollo de productos financieros más flexibles (Demirgüç-Kunt et al., 2018; CGAP, 2019). En el caso boliviano, donde la cercanía y el conocimiento local han sido históricamente ventajas del sector microfinanciero, las políticas orientadas a fortalecer estas capacidades podrían generar impactos más significativos sobre el acceso al crédito que intervenciones centradas exclusivamente en el precio.
Adicionalmente, si el fin es el de promover una inclusión financiera sostenida y sostenible, el foco de la política debería desplazarse hacia la reducción de costos estructurales, el fortalecimiento de la eficiencia institucional, marcos regulatorios más flexibles y dinámicos, competencia efectiva y condiciones habilitantes para la innovación
Repensar el tono del debate
Reconocer estas dinámicas no implica restar importancia a la tasa de interés ni desconocer su impacto sobre los usuarios financieros. Implica, más bien, aceptar que, en contextos como el boliviano, marcados por alta necesidad de liquidez y presencia permanente de alternativas informales, el acceso al crédito depende menos del precio y más de la capacidad del sistema financiero formal para ofrecer productos disponibles, confiables y sostenibles. Cuando ese sistema no logra cumplir ese rol, el mercado no se contrae, sino que se reconfigura.
En ese escenario, políticas de acceso al crédito que no consideran explícitamente la interacción entre crédito formal e informal corren el riesgo de generar efectos regresivos, trasladando el costo del ajuste hacia los segmentos más vulnerables. Del mismo modo, intervenciones que no toman en cuenta la sostenibilidad de las entidades financieras ni los factores de riesgo subyacentes tienden a debilitar la capacidad del sistema para intermediar de forma responsable. Y sostenible
En última instancia, la evidencia sugiere que la demanda de crédito existe aun cuando el precio aumenta. El problema central no es sólo cuánto cuesta el crédito, sino si este existe y está disponible cuando se lo necesita. Si el sistema formal no responde, el informal lo hará, generalmente en condiciones menos favorables para el usuario final. Por ello, insistir exclusivamente en el control de tasas no garantiza mayor acceso; una estrategia efectiva y con enfoque de largo plazo requiere actuar sobre variables distintas al precio y capaces de ampliar el acceso sin distorsionar la evaluación y gestión del riesgo.
Referencias
Attanasio et al. (2015). The impacts of microfinance. AEJ.
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. (2023). Boletín de intermediación financiera. ASFI.
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. (2024). Estadísticas del sistema financiero. ASFI.
Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. PublicAffairs.
Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. Journal of Banking & Finance, 30(11), 2931–2943.
CGAP. (2019). Principles for responsible digital credit. Consultative Group to Assist the Poor.
Collins, D., Morduch, J., Rutherford, S., & Ruthven, O. (2009). Portfolios of the poor: How the world’s poor live on $2 a day. Princeton University Press.
Collins, D., Morduch, J., Rutherford, S., & Ruthven, O. (2009). Portfolios of the poor: How the world’s poor live on $2 a day. Princeton University Press.
Cull, R., Demirgüç-Kunt, A., & Morduch, J. (2018). The microfinance business model: Enduring subsidy and modest profit. The World Bank Economic Review, 32(2), 221–244.
Dehejia, R., Montgomery, H., & Morduch, J. (2012). Do interest rates matter? Credit demand in the Dhaka slums. Journal of Development Economics, 97(2), 437–449.
Demirgüç-Kunt, A., Martínez Pería, M. S., & Tressel, T. (2018). The global financial inclusion index (Global Findex Database). World Bank.
Karlan, D., & Zinman, J. (2008). Credit elasticities in less-developed economies. QJE.
Karlan, D., & Zinman, J. (2010a). Expanding credit access: Using randomized supply decisions to estimate the impacts. The Review of Financial Studies, 23(1), 433–464.
Karlan, D., & Zinman, J. (2010b). Expanding credit access. RFS.
Maimbo, S. M., & Gallegos, C. A. (2014). Interest rate caps around the world: Still popular, but a blunt instrument. World Bank Policy Research Working Paper No. 7070.
UDAPE. (2022). Informalidad y acceso al financiamiento en Bolivia. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.
World Bank. (2014). Global financial development report 2014: Financial inclusion. World Bank Group.
[1] También puede consultarse otros estudios enfocados en la elasticidad precio-demanda del crédito. Karlan & Zinman (2008, 2010b) concluyen que el acceso está más condicionado por elegibilidad, liquidez y urgencia que por precio. Attanasio et al. (2015) hallan que cambios en el costo del crédito afectan poco la toma de préstamos productivos y que efectos mayores se consiguen a través del diseño del producto y acompañamiento o asistencia técnica especializada. Por su parte, Gropp, Scholz & White (1997) encuentran elasticidad limitada incluso en mercados desarrollados. Cull, Demirgüç-Kunt & Morduch (2018) revisan más de una decena de estudios y concluyen que el precio del crédito importa menos que el acceso, la conveniencia y la confiabilidad. Finalmente, hay otros estudios que revelan una elasticidad muy baja al precio y que hogares pobres toman crédito a tasas implícitas altísimas (Collins et al., 2009).